Hoy a las 13 vence el plazo que le otorgó el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Brito, al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, para la remisión de la documentación respaldatoria original por las ayudas sociales a personas entregadas en junio, julio y agosto de 2015 por la anterior administración del cuerpo colegiado, entonces a cargo del hoy gobernador Juan Manzur.

Ayer, al ser consultado en rueda de prensa por esta causa -que investiga una presunta evasión mediante el régimen de gastos sociales-, Jaldo aseguró que acatará los requerimientos que le lleguen desde tribunales. “Nosotros somos muy respetuosos de todas las decisiones que se tomen en el ámbito Judicial, están dentro de la facultad de las personas que intervienen dentro de ese poder (por el Judicial) y son ellos quienes deciden; nos allanamos a lo que ellos digan”, afirmó el vicegobernador.

Mientras el reloj avanza, en la sede de los tribunales federales de calles Las Piedras y Congreso está en trámite un nuevo incidente, incorporado a la causa penal.

El viernes, el abogado Pedro Nicolás Brito concretó un escrito ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, a cargo de Daniel Bejas, para requerirle formalmente el acceso al expediente en representación del ex legislador oficialista Iván Llorens Dip, quien integró el bloque Tucumán Crece en el período 2011-2015. Como la pesquisa -abierta en febrero pasado por la denuncia del peronista disidente Oscar Antonio López- había sido delegada por Bejas al Ministerio Público Fiscal, el expediente se encuentra todavía en el despacho del fiscal federal N° 1. El abogado de Llorens Dip, ante una consulta de LA GACETA, explicó que se encuentra a la espera de que se concrete su requerimiento.

“Fue una presentación en la que pedí examinar las actuaciones, nada más, para saber si acepto o no el rol (de defensor). Como (el fiscal federal) no lo remitía al juez federal, finalmente tuve que aceptar de manera compelida. Pero quiero analizar las actuaciones para evaluar la continuidad (de mi asesoría letrada”, explicó Pedro Nicolás Brito, en diálogo telefónico. Anticipó que estaba alistando la concreción de un nuevo escrito pero, mientras tanto, era de su interés conocer el estado de la investigación, algo contemplado el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). “(Llorens Dip) peticiona mis servicios profesionales como abogado defensor en la causa (por presunta evasión), que es de público conocimiento. Y yo, como cuestión previa, pido examinar las actuaciones en virtud del artículo 106 in fine, que me confiere el derecho para decidir la aceptación o no (de la representación legal). Estamos en esa instancia preliminar”, describió el abogado del ex legislador oficialista.

El escándalo por el manejo del efectivo para supuestos subsidios del Poder Legislativo estalló en noviembre del año pasado, cuando LA GACETA publicó fotos y documentos que revelaban el traslado en valijas de esos fondos, que eran llevados en una camioneta oficial sin identificación desde una sucursal bancaria céntrica hasta la sede parlamentaria de Muñecas 951. Al final del 2015 electoral, la Cámara había desembolsado $ 615,6 millones para estas asistencias económicas (es decir, el 40% del presupuesto global anual de Legislatura). El 22 de agosto, Jaldo anunció la eliminación de la subpartida 514, denominada “ayudas sociales a personas”, desde donde se alimentaba el régimen de gastos sociales, instaurado en 1992. El vicegobernador aclaró que, a pesar de esto, el cuerpo colegiado seguirá prestando auxilio financiero a entidades de bien público que cumplan con los requisitos.

Más allá de esta decisión, están en trámite diversas causas judiciales que apuntan a dilucidar el uso dado a las ayudas sociales.

En febrero, el ex candidato a legislador López se presentó en la Justicia Federal y denunció la posible evasión mediante la aplicación de la subpartida 514. La hipótesis es que, a través de sobresueldos o pagos “en negro”, legisladores y autoridades del Poder Legislativo habrían infringido la Ley Penal Tributaria al supuestamente evadir el pago de Ganancias y otros impuestos nacionales.

Según la Constitución provincial, la única remuneración habilitada a los miembros del cuerpo colegiado es la dieta, que hoy ronda los $ 32.000 por mes para cada uno de los parlamentarios. De todas formas, antes del fin del sistema de gastos sociales, el legislador oficialista Reneé Ramírez admitió que percibía $ 150.000 por mes para esas ayudas sociales a personas.

Para tratar de conocer el destino dado a esos fondos, el fiscal federal Brito le giró el 1 de septiembre un oficio a Jaldo pidiéndole en carácter de “urgente” toda la documentación respaldatoria elevada ante el Tribunal de Cuentas (TC) por la anterior conformación legislativa entre junio, julio y agosto de 2015. En ese período previo a los comicios provinciales y a las PASO nacionales, fueron extraídos de la cuenta bancaria destinada a los subsidios legislativos más de $ 200 millones.

Ante la falta de respuestas por parte del presidente de la Cámara, el titular de la Fiscalía Federal N° 1 reiteró el lunes pasado el oficio, indicándole a Jaldo que tenía tres días para remitir todos los comprobantes, notas y demás papeles utilizados en las rendiciones de cuentas. El plazo vence hoy.

Según fuentes judiciales, el planteo formulado por la defensa de Llorens Dip no afecta los tiempos establecidos por el fiscal federal Brito al solicitar la documentación oficial, que permanecería en oficinas administrativas de la Cámara.

El ex legislador, oriundo de Concepción, culminó su mandato el año pasado. Fue denunciado en julio pasado por presunta evasión y supuesto enriquecimiento ilícito por el actual parlamentario Luis Brodersen (bloque PRO-A).